Interrogantes del vicepresidente: ¿dÓNDE ESTÁ EL MILLÓN DE FIRMAS? ¿las utilizarán en otra cosa?
Pocos, con irregularidades y al margen de la ley. Así fueron presentados —por dueños de medios y algunos periodistas— ocho libros de firmas contra dos artículos de la ley antirracista. Por esas anomalías, el vicepresidente Álvaro García Linera decidió devolver esos documentos a los empresarios y expresó su temor de que se les dé un uso político o avieso.
Es más, en una conferencia de prensa, la autoridad mostró diarios donde sectores de la prensa anunciaron que enviarían un millón de firmas contra la ley pero que al final sólo llegaron a 32.049 firmas, de las cuales, según un muestreo, algunas tienen indicios de suplantación de identidad, es decir, con un mismo número de cédula de identidad aparecen dos nombres.
Ante ello, el Vicepresidente dijo que “no hay un millón de firmas, entonces alguien mintió, alguien dijo falsedades (...) ¿dónde están las firmas?”.
En respuesta, el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, rechazó la posición de García y, en declaraciones en radio Panamericana, explicó que no se entregaron a la Asamblea Legislativa todas las firmas recolectadas y aseguró que en sus oficinas hay otros libros con rúbricas.
La campaña contra dos artículos de la ley antirracista fue impulsada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que reúne a directores y propietarios de medios privados; la APLP, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Asbora y otras entidades que consideraron que esa norma vulneraba la libertad de expresión.
Esa campaña incluyó huelgas de hambre, marchas, vigilias con velas, amordazamiento, una queja ante la OEA y hasta presiones empresariales a trabajadores de medios, según denunció la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, la cual se desmarcó del gremio empresarial y respaldó la ley antirracista.
En ese contexto, García dijo que “voy devolver los cuadernos a la custodia de la prensa para que lo tengan, para que lo custodien, lo guarden, y el momento en que se reglamente la norma legislativa que hagan lo que tengan que hacer. Ratifico las observaciones legales de este procedimiento y voy a hacer devolución, respetuosamente, de las firmas”.
Mencionó que esperaba la llegada de un millón de firmas o de las 800 mil que anunciaron algunos medios de información masiva, pero que solamente llegaron 32 mil firmas.
“A diario, los noticieros de la mañana, de mediodía, de la tarde, convocaban a la recolección de firmas; se hablaba de 1 millón de firmas, 800 mil, 600 mil, (pero) son 32.000 firmas que he recibido en la Vicepresidencia”, recalcó.
Consideró que se hizo un uso político del tema y pidió a los dueños de medios que den una explicación clara y transparente sobre el paradero de las firmas faltantes o que admitan que existió una “gran campaña de mentiras”.
“Se usó políticamente (la recolección de firmas) y no se puede hacer eso, no se puede abusar de la nobleza del ciudadano, de la buena fe del ciudadano. No habían sido 800 mil firmas, habían sido 32 mil. Alguien tiene que dar la cara, decir qué sucedió: ¿le mentimos a la gente?, ¿se perdieron las firmas?, ¿las van a usar para otra cosa? Alguien tiene que responder al boliviano de buena fe: ¿qué pasó con su firma?”, cuestionó García.
Excepto el libro de Yacuiba, dijo, el resto no tiene el rigor legal que se exige, que haya el aval de un notario y que se detalle con claridad la pregunta o el motivo para recolectar el apoyo ciudadano. Todo esto se debe hacer antes de que se llenen esos documentos, no después. “Uno abre el libro, el acta, está el sello de un notario de fe pública y no hay preguntas, estoy mostrando aquí el libro de Santa Cruz y no hay preguntas (...), no hay el texto que uno está apoyando, simplemente firma, firma. ¿Qué les dijeron a los ciudadanos para que firmen acá? No sé”, observó.
También se encontraron suplantaciones de nombres (ver infografía), puesto que en el libro de actas algunas personas figuran con un cierto número de carnet pero en el registro biométrico esa identificación corresponde a otra persona, añadió.
CONTRA LA CONSTITUCIÓN, NO
Pese a ello, García recordó a los dueños de los medios que se puede realizar una iniciativa legislativa ciudadana incluso con una sola firma, pero aún no se puede optar por esa medida puesto que no se ha tratado la ley que reglamente dicho procedimiento. “(Mientras) no haya una ley —como dice la Constitución— que reglamente, que regule la iniciativa legislativa ciudadana, esas firmas no pueden viabilizar la propuesta que contiene, sería ir en contra de la Constitución, y el Vicepresidente y los asambleístas no van a ir en contra de la Constitución”, argumentó García antes de la devolución de los libros a los empresarios de medios y algunos gremios de periodistas.
Los libros están en la APLP
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) replicó ayer las críticas del vicepresidente Álvaro García Linera sobre la forma y la cantidad de firmas recolectadas para eliminar y modificar dos artículos de la Ley Antirracismo y aseguró que esa iniciativa fue transparente y legal en todo el país, informó la agencia de noticias ABI.
“Los insultos del Vicepresidente los recibimos como una opinión válida pero completamente alejada de la verdad porque en ningún momento ni se engañó a las personas y menos se tuvo una conducta que pudiera ser reprochable o que pudiera ingresar en el terreno de la informalidad para lograr la iniciativa ciudadana”, afirmó el fiscal General de la APLP, Antonio Vargas.
A su juicio, esa iniciativa legislativa ciudadana fue “transparente y pública”, por lo tanto, “absolutamente válida, legal y legítima” para que sea considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Vargas aseguró que la devolución de ocho libros con más de 32.000 firmas, y no con 800 mil como informaron medios locales, es un “intento” del Gobierno para “enmascarar” la falta de capacidad para dar solución a las demandas de la población.
“Los gobernantes han amenazado con destruir los libros, archivarlos y ahora con devolverlos como si no sirvieran. Eso llama la atención y consideramos que no debía ser de esa manera”, manifestó.
Reconoció que la APLP no entregó todas las firmas recolectadas y aseguró que en sus oficinas hay entre 40 a 50 libros.
“Vamos a considerar la posibilidad de llevar todos los libros al Vicepresidente o dejarlos en custodia”, dijo, sin precisar la cantidad de firmas.
Respecto a la falta de una Ley de Iniciativa Ciudadana, calificó de “negligentes” a los asambleístas por no elaborar un proyecto.
“No podemos pensar que el ejercicio de un derecho se tenga que suspender por la falta de responsabilidad de los asambleístas, que a la fecha deberían tener absoluto conocimiento y además debería estar reglamentada la iniciativa”, reclamó.
¿Quiénes impulsaron la campaña de firmas?
Antonio Vargas: Fue asesor de Comunicación del ex prefecto de La Paz Luis Alberto ‘Chito’ Valle. La ex directora de la Carrera de Comunicación de la UMSA Gabriela Sotomayor dijo que Vargas cobró sueldos sin trabajar. El caso se investiga. Además, Vargas no ejerció el periodismo, según la periodista Ruth Chuquimia.
Pablo Zenteno: Ex ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa. El diputado Luis Alfaro denunció que Zenteno es asesor del gobernador Mario Cossío. Zenteno dijo que trabaja allí hace cuatro años según www.elnacionaltarija.com/diario/2010/10/11/gobierno-vincula.
Juan Javier Zeballos: Fue redactor del desaparecido periódico Presencia. Fue corresponsal itinerante y director de la Agencia Reuters en Lima, Perú. Actualmente es directivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a propietarios y directores de medios.
Pedro Glasinovic: Fue director de La Patria de Oruro. Trabajó en Presencia. Según el investigador Édgar Ramos, Glasinovic fue director de la Agencia Boliviana de Información (ABI) durante el último gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con Carlos Mesa.
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